PERU: Las unidades de transporte público no deberán pasar los 3 años de antigüedad

El nuevo Reglamento de Administración de Transportes establece que las unidades con más de 15 años de uso irán saliendo progresivamente del mercado. Además, dispone la implementación de sistemas visuales para fiscalizar el transporte interpovincial de pasajeros.

Las unidades que ingresen al servicio público de pasajeros en el país deberán tener un máximo de tres años de antigüedad, según lo dispone el nuevo Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por el ministerio del sector.

La norma, al referirse a las condiciones técnicas de los vehículos de transporte público, señala además que las unidades con más de 15 años de uso irán saliendo progresivamente del mercado.

Según informó el ministerio de Transportes (MTC), el reglamento aprobado permitirá contar con el marco legal para regular los servicios públicos de transportes y adjudicar a los usuarios los instrumentos que le permitirán hacer respetar sus derechos.

Se establece por ejemplo que se implementarán talleres certificados donde las empresas de transporte interprovincial deberán llevar sus unidades para su mantenimiento y/o arreglo técnico.

Una de sus medidas exige a las empresas de transporte interprovincial implementar sus unidades con sistemas inteligentes que puedan regular el exceso de velocidad. La máxima permitida es 90 kilómetros por hora y, si se sobrepasa este límite, se activará una señal que advertirá a los usuarios sobre esta situación.

El conductor podrá llegar a los 110 Km/hora sólo para adelantar a otro vehículo o resolver situaciones imprevistas. Si el vehículo supera constantemente el límite máximo de velocidad, será detectado a través del sistema de monitoreo inalámbrico que deberá tener toda unidad que transmitirá constantemente información del vehículo en ruta tanto al MTC como a la Policía Nacional.

Exige además el uso de un dispositivo registrador digital (más conocido como tacógrafo) en el que quedarán registradas las ocurrencias durante el viaje, incluso los cambios de conductor para cumplir la jornada máxima permitida.

Esta implementación de instrumentos visuales crea un nuevo concepto de fiscalización denominado “auditoría anual de servicios” por la cual la autoridad seleccionará cada año un porcentaje de las empresas que haya autorizado y las someterá a una fiscalización completa.

El MTC también realizará periódicamente una selección aleatoria de conductores de las empresas de transporte y los someterá a exhaustivos controles médicos que incluirá examen psicológico.

Las empresas tienen la obligación de contar con terminales terrestres o estaciones de ruta cuando corresponda. Si se detecta que recogen pasajeros de manera indebida, erá pasible de sanciones que incluyen la cancelación de la autorización de ruta. Además, por primera vez se regula la existencia de terminales terrestres de mercancías como centros de logística.

La norma, que comenzará a regir en julio del 2009, también prohibe que personas con antecedentes penales por narcotráfico, lavado de activos o contrabando presten el servicio de transporte público. Se establece además la obligación de las empresas a estar al día con el pago de sus sanciones.

Respecto al traslado de menores de edad, las empresas de transportes público interprovincial no deberán venderle boletos si no se identifican con su partida de nacimiento o DNI y permiso de viaje. Además, los mayores de cinco años deberán ocupar un asiento y pagar su respectivo boleto, en cumplimiento de la Ley de Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes aprobada por el Congreso.

Finalmente, se crea un Observatorio de Transporte donde el Estado junto con la empresa privada, las universidades e institutos realizarán una investigación sobre la situación del sector, que servirá para orientar las decisiones futuras sobre política de transporte.